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Gobierno Abierto en Venezuela: una deuda urgente

En su sentido más básico, gobierno abierto es la noción de que el pueblo tiene la potestad de vigilar y escrutinizar el accionar de los órganos de la Administración Pública a través del acceso a sus documentos y procedimientos. Este principio, considerado esencial para el correcto funcionamiento de la democracia, es comúnmente aceptado y protegido por las constituciones de casi todos los países democráticos del mundo.

Sin embargo, gracias a los alcances del movimiento de software libre, el concepto de gobierno abierto ha evolucionado a través de los años, asimilando nociones filosóficas tomadas del movimiento de software libre: así como el software libre permite a sus usuarios recibirlo, cambiarlo, adaptarlo y mejorarlo, el gobierno abierto permite a los ciudadanos no sólo tener acceso a la información, documentos y procedimientos del gobierno, sino participar de manera significativa en su construcción, innovación y mejora.

El concepto de gobierno abierto es, pues, profundamente compatible con la noción de gobierno participativo contenida en la Constitución de 1999, pero la lleva un paso más allá: en lugar de limitarse a establecer mecanismos electorales para la participación ciudadana, la idea del gobierno abierto parte del concepto de innovación para crear mejoras en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los sistemas y procesos gubernamentales: el gobierno se convierte así en una plataforma para la creación de innovación social, proporcionando recursos, estableciendo reglas, pero permitiendo a los ciudadanos, como individuos o de manera organizada, llevar a cabo acciones verdaderamente significativas para el cambio.

De acuerdo con los parámetros comúnmente aceptados, tres principios rigen el funcionamiento del gobierno abierto:

  1. Transparencia: Los procesos de rendición de cuentas de los órganos del Gobierno ante la ciudadanía son esenciales para el establecimiento de la confianza, el control sobre la acción gubernamental y el ejercicio del derecho a la información. Deben establecerse canales regulares para que los ciudadanos accedan a esta información libremente y de acuerdo con los estándares de datos abiertos.
  2. Colaboración: En lugar de retener para sí todas las funciones y controles, un gobierno colaborativo implica y compromete a sus ciudadanos en el ejercicio de la administración pública, estableciendo vínculos de cooperación con la ciudadanía, las empresas, los organismos no gubernamentales y otros agentes, así como entre los propios órganos de la Administración.
  3. Participación: En el contexto de un gobierno participativo, la ciudadanía cuenta con mecanismos para participar activamente en la formación de políticas públicas, de tal modo que el Gobierno puede beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por lo tanto, un gobierno participativo crea dispositivos que permitan a los ciudadanos implicarse en la formación de las políticas y en la discusión de los asuntos públicos.

Estos principios pueden verse reflejados en una serie de políticas o estrategias, pero en los diversos países donde se han implementado políticas de gobierno abierto, éstas se estructuran en torno a dos ejes centrales:

  • Datos abiertos (Open Data): es decir, la información del sector público debe ser publicada en formatos que permitan ser reutilizados por terceros para la transformación de nuevo valor (RISP). La información publicada debe ser pública, detallada, actualizada, accesible a todos sin registro, abierta y libre, fomentando así la eficiencia y la igualdad de oportunidades, incrementando la transparencia del gobierno y la rendición de cuentas por parte de sus funcionarios.
  • Apertura de procesos: La creación y utilización de plataformas de participación ciudadana en los procesos de formación y ejecución de políticas públicas es esencial para la construcción del gobierno abierto. Si bien el gobierno abierto pasa por utilizar estas plataformas (incluyendo plataformas ya existentes, como redes sociales), no basta con utilizarlas para hablar de gobierno abierto: éstas tienen que convertirse en herramientas efectivas para la participación ciudadana, en las cuales la implicación de los ciudadanos tenga un peso real y práctico.

Normativa necesaria para la implementación de gobierno abierto en Venezuela

  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Existen propuestas ya elaboradas de leyes de transparencia y de acceso a la información pública, en base a las cuales podría trabajarse una ley comprehensiva que abarcara los aspectos necesarios para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información del sector público, bajo los parámetros de los datos abiertos.
  • Ley de participación ciudadana: Se requiere la creación de canales y procedimientos estables, así como de espacios de participación neutrales, abiertos y equitativos que sirvan para la participación ciudadana efectiva en la formación e implementación de políticas públicas.
  • Ley de Interoperabilidad: La ley de interoperabilidad requiere ser reformada, para adaptarse a los procesos de transparencia y acceso de manera coordinada y armónica.
  • Ley de Infogobierno: Se requerirá una aplicación efectiva de la Ley de Infogobierno, que hasta el momento y desde su promulgación ha visto sólo un cumplimiento muy relativo.
  • Ley de simplificación de trámites administrativos: En el mismo orden de ideas, se requerirá la armonización de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, con miras a eliminar los trámites innecesarios y dar prioridad a los procedimientos electrónicos, con base en el principio de la buena fe.
  • Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Será indispensable armonizar la LOPA para hacerla compatible con la simplificación y digitalización de los trámites, así como con las políticas de datos abiertos y de transparencia en la entrega de información pública, incluyendo los parámetros de respuesta a solicitudes de información por parte de los ciudadanos.

Casos de implementación

Autor

Marianne Díaz @mariannedh

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Documentos sobre gobierno abierto

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